martes, 4 de abril de 2017

Solidaridad con la Comunidad
Los Ranchitos de La Iguaná

Boletín No. 45. Abril 2017 Solidaridad

En una ciudad como Medellín, tan innovadora, ¿cómo es posible que no existan albergues disponibles para estas 22 familias que serían doblemente desplazadas?

Por: AIH Medellín
Nos permitimos transcribir, más adelante, apartes pertinentes de la nota publicada por el periódico El Tiempo en su edición digital del pasado martes 28 de Marzo del 2017, con ocasión del desalojo de 22 familias del asentamiento Comunidad Los Ranchitos Sector La Iguaná, a raíz de lo cual la Alianza Internacional de Habitantes (AIH Medellín) desplegó un llamado de solidaridad urgente, en busca de una solución previa de vivienda y albergue.

Según informes desde el sitio, se presentaron 300 policías, un grupo de antimotines y con un Buldozer (catapila) procedieron a destruir parte de los ranchos donde vivían precariamente los 107 moradores. Solo en este momento las autoridades procedieron con lo que era su deber hacer antes del desproporcionado procedimiento de fuerza contra inermes pobladores, quienes no opusieron resistencia y algunos aceptaron algunas ofertas viables de reubicación. Buscaron refugio en el coliseo de la Universidad Nacional y al parecer, se les ofreció albergue en una casa municipal Este caso será documentado y enviado al Tribunal Internacional de Desalojos para que se pronuncien frente al Estado colombiano.

Comenzó desalojo de 19 familias en La Iguaná

Por: Redacción El Tiempo, Medellín. 28 de marzo 2017, 01:03 p.m.

“Con acompañamiento de la Administración municipal, mediante el subsecretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Tobón, se cumple en estos momentos el desalojo. El funcionario expresó que desde las 4:00 a. m. se instalaron, pero que desde las 6:00 a. m. empezaron el trabajo con la Secretaría de Inclusión Social y que se están concertando soluciones de vivienda con las familias.

"Durante toda la mañana estuvimos en el proceso de oferta social que tiene la Secretaria de Inclusión Social y Derechos Humanos, dos familias se acogieron al proceso de retorno, una de ellas se va para Santa Marta, la otra aún está en el proceso de decidir a dónde quiere volver", dijo Tobón. En su gran mayoría, las personas que habitan en Los Ranchitos son desplazadas por el conflicto armado.

"Ya estamos a punto de finalizar la jornada de ofertas y las familias deben acogerse a lo que el municipio tiene para ofertar, porque finalmente el proceso de desalojo va a surtir sin ningún tipo de obstáculos", dijo el Subsecretario. En lo que va de la jornada se ha trasladado a algunas personas a centros hospitalarios por las condiciones de vulneración del derecho a la salud fundamental en que se encontraban", dijo Tobón. El funcionario agregó que el proceso se ha llevado en calma y que han estado en diálogo constante con la comunidad. Además, indicó que estas familias no solo están en riesgo por las condiciones en las que habitan sino porque están asentados al borde de una quebrada y ante la temporada de lluvias aumenta la posibilidad de que se presente una emergencia.

Las familias que no se acojan al proceso de retorno ni tengan ningún familiar o amigo que pueda recibirlos en algún lugar en Medellín, serán ubicadas en albergues temporales dispuestos por la Secretaría de Inclusión Social, y sus enceres serán resguardados por la administración municipal por el periodo de un mes. Por su parte, Xiomara, una de las habitantes de Los Ranchitos, quien ha vivido allí desde hace cinco años, comentó que en estos momentos no hay diálogos con las autoridades. Ella había interpuesto una tutela para tratar de detener el desalojo. Una funcionaria de la Personería cogió un libro y me mostró que sí había una respuesta a los derechos de petición, y yo le dije que para ellos, pero para la comunidad y para mí, que fui la que lo radiqué, no la tengo. ¿Cómo pretenden que yo entienda algo de lo que no tengo de información", dijo. Somos desplazados por la violencia y por el momento no hay nada

Esta no es la primera vez que intentan desalojar a esta comunidad. Xiomara recuerda que la última amenaza de desalojo estaba para el 15 de julio del 2016, pero que pudieron frenarlo. Esta vez no fue así.
"Esto es perjudicial para nosotros y los niños porque no tenemos a dónde meterlos. Se están llevando a la gente, no sé qué será lo que les están ofreciendo, pero no creo que sean las garantías de salir de una parte de estas y que sea algo mejor para nosotros porque igual somos desplazados por la violencia y por el momento no hay nada", concluyó.

El lunes la Alianza Internacional de Habitantes había enviado una carta al alcalde, Federico Gutiérrez, solicitando que no se realizara este desalojo hasta no concertar con las familias otra solución de vivienda. Su representante en Colombia, Carlos Arturo Cadavid, comentó que sin una solución previamente concertada con la comunidad, un albergue, habitación o vivienda, "este sería un desalojo que incumple las normas internacionales y nacionales de vivienda".

Jornada Nacional de lucha por la vivienda en Brasil

El pasado 30 de marzo de 2017, la Confederación Nacional de Asociaciones de Moradores de Brasil (CONAM), aliada de la AIH y en articulación con movimientos populares de la ciudad y el campo, realizaron la primera Jornada Nacional en Defensa de la Vivienda  Popular en todo el  país (Primeira Jornada Nacional em Defesa da Moradia Popular das Entidades do Campo e da Cidade.

Con las consignas de “mi casa mi vida”, presentaron en las distintas administraciones municipales y al gobierno nacional un pliego de propuestas sobre los derechos a la morada, al hábitat, a la ciudad y ambiente sano.

Desde Colombia nuestra solidaridad y apoyo, que redundará en beneficio de los moradores del mundo.

Más información en: http://www.conam.org.br.


domingo, 2 de abril de 2017



¿Protección real o real desprotección?
Boletín No. 45 Abril 2017 Informe Especial:

Informe Especial sobre Propuesta de Política Pública de Protección  a Moradores

Por: María Isabel Muñoz (AIH Medellín)

La Alianza Internacional de Habitantes, JAC La Cascada y Junta Cívica El Pinar,
presentes en debate a PPPaM. Marzo 21 de 2017.
Foto: Junta Cívica
Partiendo de que las políticas públicas son las sucesivas respuestas del estado (del régimen político o del gobierno de turno) frente a situaciones socialmente problemáticas; desde el año pasado se viene trabajando con la mesa territorial de protección a moradores en la ciudad de Medellín: Los participantes expresamos muchas dudas sobre la política pública de protección a moradores, en vista de todas las modificaciones que conllevan los planes de renovación urbana, referentes al uso del suelo y de las construcciones, según nos dijeron, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, para lograr el mejoramiento del nivel de vida de los moradores afectados. Esto se desprende de la Ley 9 de 1989, Capítulo IV, Artículo 39, sobre los aprovechamientos  con mayor beneficio para la comunidad. Sin embargo, del dicho al hecho, hay mucho trecho.

La política pública de protección a moradores y a actividades económicas y productivas (PPPMAEP), quedó enunciada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Acuerdo 48 de 2014, donde se reconocen como moradores a poseedores, tenedores, propietarios, residentes, y aquellos que desarrollan actividades productivas formales e informales en el territorio. La implementación de este plan puede generar impactos sobre las comunidades en un territorio, como hemos querido demostrar en los distintos eventos pero sobre todo por la experiencia en la ciudad de Medellín.

Dudas e incertidumbres

Isabel Muñoz, presidenta JAC La Cascada (AIH),
Interviene en el Concejo Municipal. Marzo 21 2017
Quedan muchas dudas. Una de ellas, ¿Porqué hacer una inversión de mil millones de pesos para implementar una política pública cuando ya está considerada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial? Las comunidades nos preguntamos si es protección o desprotección por todo lo que conlleva el desarrollo de la ciudad y la renovación urbana, como se tiene prevista, pues el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debería garantizar que la renovación urbana no desplace  a las comunidades  hacia otros lugares, como se anuncia en los escasos documentos oficiales que nos han repartido y deberían respetar sede manera clara e indubitable los principios de la equidad, la inclusión, el restablecimiento de condiciones iníciales, el derecho  a la permanencia, al arraigo, a la cultura, al mejoramiento integral de barrios, el derecho a la información concreta, transparente y previa, y la reubicación en sitio y el derecho a la ciudad sin odiosas discriminaciones por factores sociales y económicos, que es lo que se pretende en el modelo de ciudad que se comercializa desde la administración pública.

Taller sobre PPPaM. Facultad Arquitectura Unal
Foto: AIH Medellín

Existe una gran incertidumbre entre las comunidades de los diferentes barrios y sectores, entre las organizaciones sociales, comunales y de pobladores originales, en relación con la implementación de esta propuesta de política pública, que podría, como se observa en diferentes escenarios, convertirse en DESPROTECCIÓN A MORADORES y en PROTECCIÓN DE GRANDES NEGOCIANTES DEL SUELO, INTERMEDIARIOS DE LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA Y EN DESPOJO Y DESALOJO MASIVO. Hasta ahora, nos preocupa que se trate de una política más sin suficientes garantías sociales y legales, donde se nos reconozca la historia de la ciudad y se frenen los procesos de gentrificación inherentes a las intervenciones urbanísticas y no contemplen “las medidas de protección a MORADORES, como política pública para evitar la expulsión de los pobladores originales”, tal como reza el folleto distribuido en los eventos de participación.



Insistimos en que por GENTRIFICACIÓN se entiende la apropiación del territorio por el gran capital, como un “un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector  o barrio deteriorado y con pauperismo (existencia de gran número de pobres en un territorio, especialmente cuando procede de causas permanentes) es progresivamente desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo, a la vez que se renueva” y así se expone en estos eventos.

Qué se quiere proteger

Taller sobre PPPaM. Facultad Arquitectura Unal
Foto: AIH Medellín
Esta política pública de protección a moradores debería servir para proteger los derechos de los moradores y restringir los abusos de los entes públicos y privados que diseñan y ejecutan obras, generando mucho malestar porque nuestra MEDELLÍN está siendo ofrecida al mejor postor y las comunidades están siendo desplazadas a las periferias y bordes de la cuidad más innovadora. Vale la pena preguntarnos si realmente las políticas públicas han sido un instrumento efectivo para la resolución de  las problemáticas y anomalías de las comunidades, gremios y otros grupos de interés, o por el contrario, son un elemento de legitimación electoral de la administración con un bajo impacto político.

Se espera que esta política sea una herramienta realmente útil para proteger los derechos y sirva para avanzar en la superación de la inequidad y que no sea un sofisma de distracción para repetir tragedias sociales como el desalojo, la expropiación y el despojo de tierras y predios, sin el reconocimiento e incorporación de las plusvalías, para que no se dejen en manos de las grandes constructoras, y que se obtenga, en el mejor de los casos, la recuperación de la población más vulnerable, y en el peor de las situaciones, solo una mínima proporción de la comunidad sea desplazada y obtenga una justa indemnización. .

No estamos en contra del progreso, lo que exigimos es que haya un buen consenso, que esta política sea incluyente, que las comunidades seamos escuchadas y que nuestra participación sea tenida en cuenta, para que el avance urbano no sigua atropellando a los derechos de las comunidades con el  desarraigo, el despojo y  el desplazamiento por las obras públicas, aparentemente de interés general. No se pueden seguir violentando los derechos de los habitantes de los territorios impactados por las mega obras y la irresponsabilidad de los constructores.

Se debe reglamentar la Política Pública de Protección a Moradores garantizando a las comunidades afectadas la Reubicación en Sitio y las Compensaciones por las unidades productivas y por la carga social que deben soportar en adelante. La protección a moradores es todavía un asunto por resolver en la ciudad de Medellín.

Protección o desprotección frente a los desalojos

No a una política pública de desprotección a moradores que conlleve los desalojos, la expropiación administrativa, la enajenación voluntaria o la enajenación forzosa para ser desterrados del territorio. Apoyamos el mejoramiento integral de barrios, la reubicación en sitio, el derecho a la permanencia respetando a los pobladores originarios  y el derecho a la ciudad sin segregaciones ni exclusiones.

La Cascada no se vende, se respeta. Mitin frente al desalojo del 31 de marzo de 2016,
que fue aplazado para instalar la mesa de trabajo. Foto: AIH Medellín
Exigimos que los derechos de los moradores no sigan siendo violentados por las intervenciones urbanísticas y que haya más garantías legales y sociales, ya que es una obligación del Estado proteger a los moradores, porque tenemos derechos constituidos en relación con la permanencia, la ocupación, los usos y prácticas de habitar en un territorio urbano o rural, que son elementos suficientes de  protección  para conjurar el peligro inminente que hay sobre los derechos constituidos alrededor de la morada.

El capítulo IV de la Ley 9 de 1989 o Ley de reforma urbana lleva por título” de la protección a los moradores en los proyectos de renovación urbana”, pero no contó con el desarrollo y la precisión requeridas y menos aún con la voluntad política para adelantarla y proteger verdaderamente y de hecho, no de palabra, a los moradores de menos recursos económicos.

Hasta hoy todavía la propuesta oficial contratada con la Universidad Nacional sigue dejando por fuera muchas de las problemáticas de la ciudad que, debido a la pobreza y la tragedia generada por el conflicto y las violencias, han producido un crecimiento urbano descontrolado y desatado otra serie de secuelas económicas y sociales, a su vez agravadas por la omisión estatal acumulada por décadas de olvido.

Se deben incluir en esta herramienta mecanismos de participación comunitaria para la incidencia en el ordenamiento territorial, de reparación colectiva de víctimas, en ámbitos urbanos y rurales, y la garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, el mejoramiento integral de barrios, la protección a moradores y el derecho a la ciudad sin la discriminación enunciada en los conceptos gentrificación estampados en los folletos de la EDU y Planeación.

Un modelo de ciudad para el negocio, no para las gentes

Por: Carlos Arturo Cadavid (AIH Medellín)

Avenida Oriental sin las absurdas,
feas contra ambientales pirámides.
Ojalá se vuelva a arborizar.
Foto: Facebook.com
De continuar este modelo de ciudad para el negocio y no para la vida, seguiremos contribuyendo con mayores cuotas de cemento y gasolina al calentamiento y cambio climático globales. Por lo cual y además, las medidas de contingencia tomadas esta semana para mitigar los niveles contaminación de la ciudad son necesarias pero insuficientes y todos debemos participar para disminuirla con acciones más radicales y permanentes.

Si la política pública de protección a moradores permite la continuación de estos riesgos tangibles para la supervivencia y de despoblamiento de habitantes originarios y residentes actuales para encaramarnos en las pendientes citadinas, entonces se trata de una política pública de desprotección a moradores, pues no estamos de acuerdo. Por eso esperamos que se incorporen nuestras inquietudes y sugerencias para sentirnos consultados y representados.

Todos los participantes en estos talleres y otros escenarios (Plan Parcial del Centro, Organizaciones Sociales, Transversalidades La Iguaná y Santa Elena), hemos sido enfáticos en afirmar nuestra posición de mejorar nuestras condiciones de vida, vivienda y trabajo para nosotros, nuestras familias y nuestros vecinos y de participar y contribuir con una ciudad más segura, amable, incluyente, participativa, solidaria y en paz.

Con esta visión de ciudad, jamás será resuelto el déficit cuantitativo ni cualitativo de morada de los habitantes de los sectores más desfavorecidos y seguirá incrementándose el cordón de miseria y de vivienda precaria en la periferia de Medellín.

Otros casos o moradores a proteger dentro de la PPPaM:

Ciudadela Nuevo Occidente.
Foto de: www.medellin.gov.co
A continuación presentamos los casos que solicitamos sean incluidos como moradores objeto de protección y que no contempla el estudio de la Universidad Nacional o no están claramente definidos:

a)     Moradores afectados por las obras públicas para que se les garantice el mejoramiento de sus barrios, de sus viviendas, de sus medios de vida, y paralelamente se realicen las obras complementarias y no pase lo sucedido con los habitantes de la cueca La Iguaná, que soportaron la construcción de 4.1 kilómetros de conexión vial, y todavía no han terminado todas las obras prometidas.
b)  Moradores afectados por proyectos urbanísticos, como el caso de los habitantes del barrio La Cascada, cuyos propietarios esperan todavía la recuperación total del sector, con obras e intervenciones recomendadas por el Dagrd desde el 2012, que conjuren los riesgos causados por las omisiones generadas en la construcción de la Ciudadela Nuevo Occidente, y hoy están a las puertas de un desalojo masivo.
c)      Moradores de los nuevos complejos habitaciones desarrollados en la Ciudadela Nuevo Occidente, gran parte provenientes de procesos de reubicación de otras zonas de la ciudad, que presentan graves deficiencias urbanísticas y de construcción, documentadas en estudios geotécnicos del propio Dagrd y que todavía no encuentran solución oportuna y adecuada.
d)     Moradores en situación de desplazamiento a la espera de la entrega de sus viviendas VIP y VIS y aquellos que no obstante resultar favorecidos con vivienda gratuita, no les ha cumplido el ISVIMED ni el Ministerio de Vivienda, pese a realizar entregas masivas y publicitadas, como el caso de los beneficiarios de Torres Villa El Socorro.
e)      Moradores de edificios construidos sin el cumplimiento de las normas urbanísticas, le hacen “conejo” al gobierno al licenciar sus proyectos como VIP y vender a los precios m{as altos VIS, constructores que incumplen con la entrega cabal de los apartamentos, se declaren en bancarrota, dejan sin legalizar las escrituras. Este tipo de moradores y que requiere asistencia y acciones del Estado para garantizar la seguridad jurídica de sus bienes. Es el caso del Conjunto Residencial Altos del Rosario (Villa Hermosa) y los proyectos Madre Laura y Torres del Este (AND Medellín, 27 de Marzo de 2017), posibles falsas viviendas VIP.
f)       Moradores en zonas de riesgo, que se encuentran a la espera de una oportunidad de vivienda en programas oficiales, para garantizar el mejoramiento de sus condiciones de vida.
g)      Moradores morosos del sistema financiero por razones socio económicas, que enfrentan procesos ejecutivos de resolución de contratos.
h)     Moradores que han expresado sus problemas de garantía plena de su derecho a la vivienda y a la ciudad, en las sesiones de los talleres de la Universidad Nacional.
i)       Moradores que enfrentan procesos administrativos por mora en el pago del impuesto predial, incluyendo la cartera morosa de imposible cobro de las sedes de las Juntas de Acción Comunal.
j)       Moradores en condición de inquilinos, ante la carencia de normas que protejan sus derechos de estabilidad y permanencia, y a que sean encuestados previamente dentro de los proyectos habitaciones que se desarrollen dentro de los planes de renovación urbana.

Barrio Olaya 1. Cuenca La Iguana.
Foto: Junta Cívica

 Dos nuevos puentes peatonales en la cuenca La Iguaná
Colaboración de Mario de Jesús Barrera Muñoz

El nuevo puente peatonal que comunica Fuente Clara y Blanquizal.
Al fondo el provisional que prestó servicios durante dos años.
 (Foto: 
Junta Cívica)

En Fuente Clara y Blanquizal

Hace cerca de un mes por fin las comunidades de los barrios contiguos, Fuente Clara y Blanquizal, constataron la terminación de otro puente peatonal en hormigón, que hace parte de las obras complementarias que había prometido la EDU hace cinco años junto con la construcción del intercambio vial la 80-Túnel de occidente.



En esta obra se observan algunas deficiencias e improvisaciones que deben ser remediadas
Plataforma sin barreras antimotos
y faltan escalas en ambos extremos
cuanto antes por los contratistas del Municipio de Medellín y deben ser conocidas por los interventores: la calzada tiene una desproporcionada anchura y se requiere en ambas orillas de la autopista barreras antimotos; faltan escalas en ambos extremos, pues el recorrido por las plataformas es demasiado prolongado, incluso para las personas en condición de discapacidad (con la mitad de la plataforma habría sido suficiente para las personas y el costo habría disminuido un 50% y alcanzado para gradas).

En pésimas condiciones la entrada a Fuente Clara,
por el viaducto. Foto: Junta Cívica
La entrada a Fuente Clara requiere adecuaciones urbanísticas urgentes para evitar tanto polvo en verano y lodazal en invierno, todavía sectores residenciales enteros se encuentran vertiendo aguas residuales en sistemas artesanales provistos por EPM y no están conducidos a lugar seguro como mandan las normas, situación que genera riesgos a la salubridad de los habitantes. Faltan otras obras complementarias también prometidas por la EDU: la placa polideportiva de La Playita fue destruida y no ha sido restablecida, la conexión de la vía con el barrio es deplorable, como muestra la foto, y otros reclamos de mejoramiento integral de los barrios, están sin atender.

La recolección de basuras debe revisarse, ya que los habitantes de la parte baja de Fuente Clara y El Porvenir deben pasar la autopista para depositarlas, ya que el carro recolector no lo hace de subida y el punto de depósito se encuentra ubicado a 100 metros del puente peatonal (Carrera 93 con Calle 62 A).

En Santa Margarita y Olaya 2

Hace seis meses las comunidades de los populosos barrios de Santa Margarita y Olaya 2 estrenaron su puente peatonal en metal con bases de cemento. La obra hizo parte de las necesidades de intercomunicación barrial que se le debían a la comunidad cuando la EDU promocionó el Plan Urbano Integral (PUI) La Iguana.

Puente peatonal metálico, que une Olaya 2 y Santa Margarita.
Foto: AIH Medellín
Desde entonces las organizaciones comunitarias de la zona reclamaron insistentemente al sentirse asaltadas en su buena fe, ya que prometieron que el mejoramiento integral se haría paralelo a la autopista y no fue así.

Celebramos estas obras tan necesarias para mejorar las condiciones de movilidad, interrelación y hábitat, pero es el cumplimiento de una pequeña parte de las promesas que todavía se adeudan a las comunidades de la zona afectada por la interconexión vial. Este tipo de intervenciones tan agresivas con el medio ambiente, con los derechos de los moradores y su hábitat, deben mejorar sus condiciones de vida y no desmejorarlas. La movilidad o cercanía de la autopista a las residencias es evidente, pero se construyó con impactos negativos para los pobladores en otras áreas importantes: taludes impresionantes que generan mayores riesgos, inexistencia de arborización adecuada en todo el recorrido de esta vía, afluentes de agua sin intervenir con medidas serias de conservación, aguas residuales vertiendo a los afluentes y sin destino final a sitio técnico y seguro, legalización y titulación de predios en toda la cuenca desde El Pesebre hasta Santa Margaritas.

Estas situaciones, carencias y exigencias las hicimos con insistencia líderes sociales y comunales de la zona en varios talleres de diagnóstico para los planes locales de desarrollo realizados por los operadores de las Transversalidades Santa Elena y La Iguana-EDU, que deben ser cumplidas oportunamente, pues ya estamos preparando las correspondientes acciones populares.

Notas Cívicas
Colaboración de: Mario de Jesús Barrera Muñoz



Sorteo Mensual del Mercado Los Barrera

Repartición del boletín 43 de la Junta Cívica.
Mercado familia Los Barrera. Foto: AIH Medellín
La numerosa familia Los Barrera se reúne sin falta cada mes en la carpa sede de la Junta Cívica Paraje El Pinar (Fuente Clara-Robledo) y desde hace más de dos años, cada integrante de los siete grupos familiares (80 integrantes) se presenta en la asamblea con un producto de la canasta familiar.  Así, ajustan dos buenos mercados que se sortean entre las familias participantes.

Es un ejemplo de unidad y fortalecimiento familiar que se aprovecha para desatrasar noticias y brindar apoyo y solidaridad. También es la oportunidad para distribuir entre los concurrentes el boletín de la Junta Cívica.  Es una jornada de encuentro familiar que refuerza la protección de niños y jóvenes y el buen vivir pacífico. Nuestros mejores augurios para que sigan respaldando los objetivos de la organización cívica.  

Cronograma de Planes de Emergencia en Fuente Clara (IECMC)
Informamos en boletín anterior de la existencia del  comité de emergencias de Fuente Clara, el cual nos ha hecho llegar el cronograma de actividades acordado con el DAGRD para este año. Las reuniones son a las 6 de la tarde en la IE Camilo Mora Carrasquilla.

De antemano, le cursamos invitación a la comunidad para que se haga presente y haga parte de esta importante iniciativa encaminada a la prevención de riesgos tanto individuales como colectivos y proteger: 26 de abril, 24 de mayo, 21 de junio, 26 de julio, 26 de agosto, 27 de septiembre, 25 de octubre, 22 de noviembre.



El peligro de los bombillos ahorradores
(Tomado de: http://www.torganico.com).

Investigadores de la UIS trabajan en el desarrollo de un prototipo que permita reutilizar el mercurio
contenido en las lámparas y evitar que se libere el tóxico vapor.

En junio pasado Colombia cumplió un año de haber prohibido el uso y la comercialización de los bombillos incandescentes tradicionales (de 100 y 150W), que fueron utilizados por familias y empresas durante más de 100 años. Con la llegada de las lámparas fluorescentes (o bombillos ahorradores), la desaparición del mercado de las frágiles bombillas ‘Edison’ era inevitable: mientras éstas iluminaban entre 500 y 2.000 horas, las ahorradoras alcanzan a estar encendidos por más de 8.000, consumiendo una quinta parte de la potencia de las primeras.

Aunque el país lleva haciendo esta transición tecnológica por lo menos diez años, poco se ha hablado sobre los riesgos que puede traer, para la salud y el ambiente, el mal manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes, que contienen mercurio en vapor, un metal altamente contaminante.

Las luces son seguras durante su vida útil, pero cuando se rompen o son tratadas como un residuo común (aplastadas, comprimidas y destruidas), o eliminadas de manera inadecuada, liberan el vapor de mercurio al aire, agua y suelo, constituyendo un riesgo para la salud humana y el ambiente.

“Aproximadamente el 80 % del mercurio inhalado se retiene por el organismo. Una vez absorbido, se distribuye con facilidad por todo el cuerpo, hasta el cerebro, afectando directamente el sistema nervioso central. Su inhalación prolongada puede generar mareos, dificultad para respirar y hasta implicaciones mayores”, dice la investigadora y profesora de la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander (UIS) Elena Stashenko, quien junto al también profesor Jairo René Martínez y un grupo de estudiantes, trabajan en la construcción de un prototipo que permita extraer el mercurio de estas lámparas para reutilizarlo en la construcción de otras bombillas o termómetros.

El poder contaminante de las lámparas inservibles, insisten los investigadores de la UIS, requiere acciones y campañas fuertes y de alto impacto que permitan a los colombianos informarse y crear conciencia sobre el tratamiento que debe dárseles a estos desechos, que es similar al que debe implementarse para la recolección de baterías (pilas) inservibles. “El prototipo que estamos desarrollando funcionaría en la última etapa de reincorporación del mercurio, pero al Gobierno le queda la tarea de poner en marcha un sistema de recolección y acopio similar al que poseen los desechos hospitalarios, la gente debe saber que tiene que tener cuidado”.

Los investigadores pretenden demostrarle al Gobierno Nacional que es posible desarrollar tecnología colombiana con la que se pueda avanzar en la implementación urgente de un modelo integral para la recolección y manejo de estos residuos que, por desconocimiento o malas prácticas, se vienen liberando al ambiente, sin que hasta el momento se puedan medir sus impactos.

Sólo en marzo de este año el Ministerio de Ambiente lanzó una campaña para recolectar bombillos inservibles en más de 100 almacenes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Aunque este paso es importante, también deberá centrarse la atención en la construcción de infraestructura adecuada para tratar este tipo de desechos. (Tomado de: www.elespectador.com),

La manipulación  de los bombillos ahorradores
(Tomado de: http://www.torganico.com).


Resulta muy importante manipularlas para cuidar la salud humana y el ambiente sano. A la gente le encanta ahorrar dinero y lo hacen en cada ocasión posible. En este caso reemplazan sus bombillas y compran bombillas de bajo consumo. Sin embargo, estas bombillas energéticamente eficientes son extremadamente tóxicas. De acuerdo con un estudio realizado por investigadores del Instituto Fraunhofer de Klauditz Wilhelm Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania, en caso de rotura en el interior, estas bombillas liberan 20 veces la concentración de mercurio máximo aceptable en el aire.

Por otra parte, estas bombillas tienen una serie de efectos negativos para la salud, incluyendo: Ansiedad, Fatiga, Las migrañas, Dolores de cabeza, Mareo, Convulsiones. Incapacidad para concentrarse.  Estas bombillas de bajo consumo de energía contienen mercurio, que es una potente neurotoxina, especialmente peligroso para los niños y las mujeres embarazadas. Es especialmente tóxico para el cerebro, el sistema nervioso, el hígado y los riñones, y también puede dañar el sistema reproductivo, cardiovascular e inmune. Además, el mercurio puede causar ansiedad, insomnio, pérdida de memoria, dolores de cabeza, temblores, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. 

En caso de rotura de la bombilla, debido al gas venenoso que se libera, debe seguir este procedimiento de emergencia:

Antes de limpieza
1. Las personas y los animales domésticos deben salir de la habitación.
2. Abra una ventana o puerta con el medio ambiente al aire libre para ventilar la habitación durante 5-10 minutos.
3. Si usted tiene un sistema de calefacción de aire o sistema de aire acondicionado forzado central, apagarlo.
4. Reunir materiales necesarios para limpiar la bombilla rota: Toallas húmedas de papel o toallitas húmedas desechables (para superficies duras).
6. Un frasco de vidrio con tapa de metal o una bolsa de plástico con cierre hermético.
7. Papel rígido o cartón.
8. Cinta Adhesiva.

(Tomado de: http://www.torganico.com).